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Piden que el poder público entable negociaciones
La falta de agua en el Nordeste brasileño siempre ha condicionado la vida de la gente, que secularmente se ha visto sometida a grandes sequías. En la región del Río San Francisco, el mayor del Nordeste brasileño, se construyeron hace décadas embalses para generar energía eléctrica y posibilitar la irrigación de tierras. Una situación que se vive en torno a la presa Luiz Gonzaga, que en 1986 inundó un área de 83.400 hectáreas, provocando falta de suministros básicos para la supervivencia de la población, una situación que se ha agravado en los últimos tiempos.
Ante esta situación las diócesis de Floresta, Petrolina y Juazeiro se han solidarizado con más de 10.000 familias del perímetro irrigado de Itaparica, zona situada entre los estados de Pernambuco y Bahía. En una carta conjunta firmada por el obispo de Floresta, Mons. Gabriel Marchesi, el obispo de Petrolina, Mons. Antonio Carlos Cruz Santos, y el administrador diocesano de Juazeiro, padre Josemar Motta da Silva, la Iglesia denuncia la falta de electricidad y agua en la región, y exige respuestas de los gobiernos estatal y federal, y del Congreso Nacional.
Según recoge la carta, firmada por los obispos y el administrador diocesano, dada a conocer después de una misa en Petrolândia, presidida por Mons. Gabriel Marchesi, en la que participaron campesinos y sacerdotes de las tres diócesis del territorio: “Queremos solidarizarnos con las familias que viven una situación inconcebible de incertidumbre sobre sus vidas y su futuro”.
Esto se debe, afirman los obispos, “al corte de energía eléctrica que detiene el funcionamiento de las bombas de riego, provocando un paro forzado de sus labores, y a la falta de diálogo con las diversas autoridades que deberían garantizar las condiciones indispensables para que estas familias sean protagonistas de su desarrollo y el de toda la región”.
Se trata de campesinos que viven en las ciudades de Petrolândia e Itacuruba, en el estado de Pernambuco, y Rodelas, Barra do Tarrachil y Glória, en el estado de Bahía, donde fueron reubicados quienes vivían en la zona inundada por el embalse. La Iglesia de la región, como recoge la carta, insta “al gobierno federal, al Congreso Nacional y a los gobiernos estatales de Pernambuco y Bahía a que reanuden las negociaciones en la mesa de diálogo para resolver la grave situación de emergencia que viven las familias campesinas y garantizar la continuidad de su trabajo”.
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